Allpanchis, año XLVIII, núm. 87. Arequipa, enero-junio de 2021, pp. 117-153.

ISSN impreso 0252-8835 / ISSN en línea 2708-8960

DOI: https://doi.org/10.36901/allpanchis.v48i87.1286

dossier

Toribio de Mogrovejo, Roma y la creación de un esquema de gobierno diocesano en Sudamérica

Constanza López Lamerain

Universidad de Chile (Santiago, Chile)

mconstanza.lopezlamerain@gmail.com

Código ORCID: 0000-0002-1689-0912

Resumen

En el siglo XVI, desde el arzobispado de Lima comenzó a crearse un estilo de gobierno eclesiástico metropolitano que brindara un claro camino a seguir a las nacientes diócesis de la provincia eclesiástica del Perú. En parte esto fue modelándose a partir de los concilios provinciales celebrados en la Ciudad de los Reyes, y más aún luego de la recepción del Concilio de Trento. Con Toribio de Mogrovejo a la cabeza del arzobispado de Lima, se reforzaron las estructuras eclesiásticas bajo el liderazgo de los obispos, figuras claves de la reforma tridentina y el gobierno de la Iglesia Universal. Mogrovejo siguió pormenorizadamente los lineamientos del tridentino, lo que queda manifiesto por la fluida comunicación que durante su gobierno mantuvo con la Santa Sede, presentando informaciones y dudas de aplicación de derecho canónico para su provincia con el fin de reforzar su gobierno metropolitano y su jurisdicción episcopal.

Palabras clave: arzobispo de Lima, gobierno metropolitano, Santa Sede, jurisdicción episcopal, reforma tridentina, derecho canónico

Toribio de Mogrovejo, Rome, and the creation of a diocesan government model in South America

Abstract

In the 16th century, from the Archbishopric of Lima, a metropolitan governance model was being conceived as a path to be followed by the young dioceses of the ecclesiastical province of Peru. For this matter, the celebration of provincial councils in Lima was fundamental, even more after the council of Trent. With Toribio de Mogrovejo at the head of the archdiocese of Lima, the ecclesiastical structures were reinforced under the leadership of the bishops, key figures of the Tridentine reform and the government of the Universal Church. Mogrovejo followed the Tridentine’s guidelines in detail, which is evidenced by the fluid communication he maintained with the Holy See, presenting information and doubts about the application of canon law for his province in order to strengthen his episcopal jurisdiction and local influence.

Keywords: Archbishop of Lima, metropolitan governance, Holy See, episcopal jurisdiction, Tridentine reform, canon law

Introducción

El presente artículo argumenta que, durante el proceso de construcción de la Iglesia diocesana en América del Sur, la recepción1 de los decretos del Concilio de Trento (1545-1563) presentó una oportunidad para que los arzobispos de Lima fortalecieran su autoridad y consolidaran su gobierno a nivel metropolitano. La incorporación de la reforma tridentina en los espacios locales no solamente generó una nueva normativa canónica para la región, sino que también abrió una puerta a las comunicaciones entre las iglesias locales y la Santa Sede. Aunque, como es sabido, estas ya existían con anterioridad, es posible interpretar la reforma universal inaugurada por Trento como una apertura en estas comunicaciones, ya que, desde el punto de vista del papado, la premura de su aplicación renovaba el vínculo entre el gobierno central y los gobiernos locales. Por su parte, la Corona española contaba con la responsabilidad de aplicar la reforma tridentina en todos sus dominios, acción que le sirvió también para ejercer control sobre las estructuras eclesiásticas en sus territorios, influyendo directamente en la organización de la Iglesia americana a través del Patronato regio. En el caso de los obispos sufragáneos, la preminencia que Trento dio a los obispos en la ejecución de la reforma les permitió afianzar su posición frente a otras figuras que disputaban su poder a nivel local —tanto eclesiásticas como seglares—, brindándoles un mayor rango de acción en sus contextos.

Los concilios provinciales que fueron llamados a convocarse al cierre del ecuménico han sido considerados espacios en que la normativa tridentina se introdujo y adaptó en las iglesias locales.2 Es innegable que estas reuniones fueron esenciales para tal objetivo; sin embargo, no fueron las únicas instancias de aplicación de la reforma en la regulación de las diócesis.

Mi planteamiento es que los concilios provinciales, además de incorporar las directrices del ecuménico, crearon una coyuntura que los obispos y otros actores de la naciente Iglesia en el virreinato peruano utilizaron para establecer comunicaciones con la Santa Sede, presentando sus dificultades ante las instituciones romanas. Así, produjeron una instancia que, aunque no fue ni novedosa ni poco común ya que era un recurso siempre abierto en la tradición católica, sentó un precedente que en el caso de la provincia peruana fue utilizado para plantear temas de gobierno diocesano ante instancias romanas, a pesar de las restricciones impuestas por el Patronato regio. Me centraré aquí solo en algunas de las comunicaciones que el segundo arzobispo de Lima, Toribio de Mogrovejo (1579-1606), envió a Roma con este fin, aunque ya su antecesor, Jerónimo de Loaysa, había hecho lo propio en el contexto del segundo concilio provincial. Propongo que el diálogo que este arzobispo estableció con la Santa Sede, en ocasión de la ejecución del tercer concilio, estuvo dirigido a consolidar un estilo de gobierno metropolitano tendiente a proteger su autoridad episcopal y garantizara su predominio frente a otros sectores de la iglesia local. Esto lo hizo principalmente salvaguardando su jurisdicción episcopal y su rango de acción como arzobispo metropolitano.

El panorama de la Iglesia peruana en el siglo XVI

Como es conocido, el proceso de conquista del Perú fue poco apacible, lo cual no fue diferente en términos eclesiásticos. En este contexto comenzó la discusión sobre el predominio de la ciudad del Cusco como sede de gobierno del Perú. Había sido la capital del imperio inca, y las luchas entre conquistadores giraban en torno a su anhelo de dominio sobre la ciudad. También entre los eclesiásticos hubo rencillas en este aspecto: el obispado del Cusco había sido erigido en 1537, antes que el de Lima (1541), pensándose primigeniamente como centro neurálgico de la naciente Iglesia peruana. Sin embargo, para dar fin a los conflictos internos, en 1542 Carlos V creó el virreinato peruano como estructura de gobierno territorial, estableciendo su capital en Lima o la «Ciudad de los Reyes». Desde entonces esta sería también la sede principal de la jerarquía eclesiástica. Antes de este proceso de estructuración, las órdenes franciscana y dominica habían estado activas en el territorio,3 y continuaron teniendo gran predominio, dando espacio más tarde a la Compañía de Jesús, que participaría activamente en la organización eclesiástica desde su arribo al virreinato en 1568.4 Fue así como el obispado de Lima fue adquiriendo progresiva relevancia política, y así se explica su elevación a archidiócesis en 1546. Fue el dominico Jerónimo de Loaysa, primer obispo y luego arzobispo de Lima, figura clave de este período.5 Electo obispo en 1541, se trasladó a su diócesis en 1543, donde levantó la catedral e instituyó las primeras dignidades del cabildo catedralicio (cfr. Martínez Ferrer y Alejos Grau, 1999, pp. 119; y Vargas Ugarte, 1953, pp. 148-150). Impulsó la fundación de un seminario diocesano6 y de la universidad de San Marcos (cfr. Delgado Criado, 1993, pp. 372-375), que posteriormente adquiriría gran prestigio. Desde 1546 su gobierno episcopal fue también metropolitano, convirtiéndose Lima en una de las tres archidiócesis del continente americano junto con Santo Domingo y México.

En cuanto a la creación de normatividad canónica, Loaysa convocó el primer concilio provincial de Lima (1551-1552) (cfr. Tudini, 2018). Fue la primera iniciativa concreta para responder de una manera sistemática a los problemas pastorales y disciplinarios de la provincia mediante la reunión con los obispos sufragáneos.7 El difícil contexto político del Perú provocado por las guerras civiles entre los encomenderos españoles y la autoridad real hizo que, a pesar del avance organizativo que se había logrado en el concilio, se opacase en la práctica. En este tiempo, además, desde el Consejo de Indias se planeaba una restructuración de los planes de gobierno en todos los territorios. Más tarde, el tercer concilio provincial de Lima (1581-1582) derogó las constituciones del primero, por considerarlas ya añadidas al segundo concilio (1567-1568). Por lo tanto, puede decirse que sus disposiciones, al ser incorporadas a los decretos de las sucesivas reuniones provinciales, continuaron vigentes (cfr. Severo, 1958, p. 12). Las discusiones se irían complejizando, sobre todo en los concilios que se celebraron posteriormente, después del término del concilio ecuménico en 1563.

Trento abre una puerta

La historiografía denomina el período que se inicia con el término del concilio ecuménico celebrado en Trento como la «era tridentina»,8 definida habitualmente como un momento de centralización de poder del papado (cfr. Caiazza, 1992, p. 166) y caracterizada por un fortalecimiento de las estructuras internas de la curia romana. Por estos atributos, se considera una Iglesia con una mirada más aguda a los territorios recientemente conquistados por las potencias europeas, y partícipe de la expansión del catolicismo a lugares antes impensados.9

Desde la perspectiva de la Santa Sede, la Iglesia en Indias debía estar enfocada en la evangelización. La reforma propuesta en Trento, aplicada a las particularidades de los nuevos contextos ultramarinos, tendía a reforzar a la diócesis como núcleo de acción organizativa. Por eso la «tridentalización» de la Iglesia Universal, que en todo el mundo católico fortaleció el rol de los obispos, en América les dio mayor fuerza en la conformación de los entonces jóvenes gobiernos diocesanos. El ecuménico coincidió además con un afianzamiento del Patronato regio como fundamento de una nueva administración eclesiástica para las Indias, lo que fue marginando progresivamente la participación de la Santa Sede en América,10 ya que Felipe II concebía la reforma tridentina como un paso necesario de su propia política eclesiástica.11 Como parte de la misma es que confirmó los decretos tridentinos y los aplicó como leyes en sus territorios en 1564,12 y en ese contexto fueron los segundos concilios provinciales de México (1565) y de Lima (1567-1568) los convocados para dilucidar la mejor manera de implementarlos.

En el Perú tocó a Jerónimo de Loaysa congregar el segundo concilio provincial en Lima, en 1566. En ese entonces el número de diócesis sufragáneas del arzobispado eran nueve, habiéndose incorporado las del Cusco, Quito, Panamá, Popayán, Nicaragua, La Plata, Paraguay, Santiago de Chile y La Imperial.13 Sin embargo, a pesar de haber sido la primera vez que los decretos del tridentino fueron reflexionados en el contexto americano, este concilio provincial no tuvo mayor aplicación práctica en los años sucesivos a su celebración (cfr. Saranyana, 1999, p. 143). Una posible explicación a esto puede encontrarse en el contexto de los virreinatos a fines de la década del 1560, en que se llegó a un punto de inflexión en la administración de las Indias. Teniendo ya la experiencia de más de medio siglo, se hizo una revisión de lo conseguido hasta entonces.

Mientras tanto, la Santa Sede había adquirido amplia información sobre los asuntos americanos,14 tanto por vía de las órdenes religiosas, primeras responsables de la evangelización, como posteriormente por la iglesia diocesana, en plena fase de expansión en el siglo XVI. Por otra parte, a nivel local, las tensiones entre el clero secular y el regular incrementaban, al coincidir frecuentemente en responsabilidades y jurisdicciones. Desde la perspectiva de la Corona, el panorama se presentaba grave: tras décadas de inversión de recursos —materiales, humanos y pecuniarios— en la evangelización de los pueblos indígenas, se corroboraba que tal tarea no se estaba acometiendo como se esperaba. En el Perú, por ejemplo, muchos indígenas habían vuelto a venerar a sus antiguos dioses, evidenciando que sus antiguas prácticas religiosas no habían sido erradicadas. El proyecto misional claramente estaba fracasando, lo que presentaba un problema real a la monarquía. Las razones de este estado de cosas son variadas, aunque se culpabilizó principalmente al duro régimen de trabajo impuesto a las comunidades indígenas. En este punto, las tensiones entre el papado y la corona española comenzaban a hacerse más visibles. Felipe II quiso subsanar estas falencias por él mismo, limitando la acción de la Santa Sede en sus dominios ultramarinos, y en 1568 convocó una junta para deliberar sobre los cambios que se requerían. Algunas de las instrucciones de orden eclesiástico fueron la resolución de aumentar el número de obispados para las provincias americanas, la creación de nuevas escuelas y templos, y una nueva regulación para los diezmos.15 Los concilios provinciales también fueron un tema capital de discusión en la junta: el mandato del Concilio de Trento de que estas reuniones se celebrasen con mayor regularidad sirvió a Felipe II para inmiscuirse aún más en los temas eclesiásticos. Se hacía presente en ellos mediante las principales autoridades de los virreinatos, que tomaban parte activa de las reuniones sinodales. Fue de hecho el célebre virrey Francisco de Toledo la figura clave de este período de reforma extensiva del virreinato.16 Finalmente, la denominada Junta Magna acordó la instalación de tribunales inquisitoriales en América, lo cual se concretó en México y Lima el año 1569, y en Cartagena de Indias en 1610. Es probable que todos estos cambios institucionales eclipsaran la primera recepción tridentina en el segundo concilio limense (cfr. Trujillo Mena, 1981, pp. 74-76). No obstante, las piedras angulares de la reforma se hicieron visibles, sobre todo en el rol de los obispos, que a partir de entonces estaban obligados a realizar la visita episcopal, mantener la residencia en sus diócesis, crear seminarios diocesanos y perfeccionar la justicia diocesana. En torno a estas tareas y facultades se iría perfilando un modo de gobierno para la provincia, aunque como se intuye, con muchas partes interesadas en obtener cuotas y parcelas de poder.

Toribio de Mogrovejo recurre a Roma

Sin duda, los concilios provinciales fueron clave en la creación de un gobierno eclesiástico ejemplar para los demás obispados de la provincia. En ellos se discutía y planificaba no solo sobre la pastoral a implementar en las diferentes diócesis, sino también sobre cómo crear una organización administrativa uniforme y funcional. Como parte de este proceso, el arzobispo de Lima buscó fortalecer su posición tanto en el ámbito eclesiástico como en el seglar.17 Para ello no solo negoció con los poderes locales y peninsulares, sino que también buscó el apoyo de Roma.

Como segundo arzobispo de Lima, a Toribio de Mogrovejo se le encomendó continuar con la organización de la Iglesia peruana y con la incorporación de la reforma tridentina en la región, como se planeó desde las nuevas políticas eclesiásticas de Felipe II. Mogrovejo es considerado hasta hoy un símbolo de la edificación del episcopado americano. Fue beatificado poco después de su muerte, en 1679, bajo el pontificado de Inocencio XI, y canonizado por Benedicto XIII en 1726. En 1983 fue instituido por el papa Juan Pablo II como Patrono del Episcopado Americano, lo que demuestra la trascendencia de su gobierno episcopal. La literatura existente sobre su vida, su labor pastoral y su influencia en el ámbito religioso y político es profusa y como personaje ha sido abordado por la historiografía desde diversas perspectivas.18 Su participación en el tercer concilio de Lima (1582-1583) fue igualmente enaltecida, atribuyéndosele a él, junto a otros personajes ilustres de la época —como el jesuita José de Acosta—, la creación de una normativa disciplinar y evangelizadora estable, eficiente y perdurable en el tiempo para Sudamérica.19

Me ocuparé aquí de un aspecto específico de su gobierno: la jurisdicción episcopal.20 Este tema se presenta especialmente en una de las comunicaciones que Mogrovejo envió a la Santa Sede luego de celebrarse el tercer concilio provincial en Lima, en que presentó dudas relativas al gobierno metropolitano que habían surgido en la misma reunión conciliar. Esto se relaciona con el objetivo del arzobispo de que el texto final de los decretos conciliares obtuviese la aprobación pontificia, que se confirmó finalmente en 1588. Por su parte, la Corona dio su autorización al texto en 1591. En estos intercambios entre el arzobispo y la curia romana destacó la intención de Mogrovejo de que el pontífice confirmara los límites de su gobierno metropolitano, en gran medida propuestos por él mismo. A mi modo de ver, estudiando estos detalles puede reconstruirse el modelo episcopal que el arzobispo intentaba cimentar para la provincia, refinando también las herramientas de gobierno de sus obispados sufragáneos.

En este punto se hace necesario aclarar cómo se conformaba la jurisdicción de los obispos en el contexto de la reforma tridentina. Según Maximiliano Barrio Gozalo:

El nuevo modelo se concretiza en la figura del buen pastor que cuida de sus ovejas y las gobierna con caridad. En consecuencia, el obispo debe ser un perfecto discípulo de Cristo y modelo de santidad, pues por el puesto que ocupa se vuelven hacia él las miradas de todos los fieles […]. Y en segundo lugar, la misión episcopal se debe desplegar en tres causes fundamentales, cuales son el enseñar, santificar y regir.21

Efectivamente, sus poderes se desenvolvían en los ámbitos legislativo, judicial,22 doctrinal y administrativo, siendo en su diócesis la máxima autoridad eclesiástica.23

Toribio de Mogrovejo había ocupado la sede metropolitana en 1581, tras la muerte de Jerónimo de Loaysa en 1575 y un breve periodo de sede vacante. En 1581 también arribó al Perú el recién nombrado virrey Martín Enríquez de Almansa. La llegada de ambas figuras para encargarse del «gobierno temporal y espiritual» del virreinato dio fuerza a los cambios que buscaba implementar la Corona en ambos planos. De hecho, Mogrovejo convocó el concilio provincial nada más llegar a Lima. Por supuesto, su celebración no estuvo exenta de complicaciones. La aprobación real y papal de los decretos conciliares hubo de recorrer un largo camino debido a las numerosas disputas entre los grupos involucrados en el sínodo.24 Estas se transformarían luego en apelaciones formales a varios de los decretos del concilio provincial. Para evitar que se perdiese todo el esfuerzo vertido en el concilio y se lograse su aprobación lo más rápido posible, Toribio de Mogrovejo se apresuró en desplegar sus influencias en las cortes de Madrid y Roma.25 La premura del arzobispo logró que ya en diciembre de 1583 se contara con una traducción castellana del concilio, y que las apelaciones al mismo comenzaran a realizarse a partir de 1584.26 Al mismo tiempo que se interponían los recursos, Mogrovejo enviaba misivas para contrarrestarlos, ya que las demandas se debatían en ambas cortes simultáneamente. Como indica una comunicación que el arzobispo Loaysa envió a Roma después del segundo concilio limense, no era la primera vez que desde la Ciudad de los Reyes se recurría a la curia romana. Es más, desde los inicios de su gobierno, Mogrovejo buscó mantener una comunicación directa y fluida con la Santa Sede27 para validar las acciones de su gobierno. No detallaré aquí las apelaciones que se hicieron desde los obispados sufragáneos al texto conciliar, las que también fueron examinadas por la Congregación del Concilio,28 dicasterio de la curia romana encargado de contestar dudas acerca de los decretos disciplinares del Concilio de Trento,29 además de reconocer (recognitio) y validar los textos conciliares (cfr. Martínez Ferrer, 2001). Los cabildos catedrales y el clero secular habían utilizado este medio para protestar sobre la rigidez de algunos decretos disciplinares, considerándolos expresión de un poder abusivo por parte de los obispos. Como se ve, en la aprobación del tercer concilio limense se desenvolvía una fuerte pugna entre los poderes locales del virreinato peruano.30 Tras varios reveses, prevalecieron las gestiones del arzobispo de Lima para la defensa, entrega y aprobación del texto conciliar en Roma. Pero años antes de que esto ocurriera, la misma congregación ya había estado en contacto con las temáticas canónicas del tercer concilio mediante una serie de consultas que el mismo Mogrovejo le había hecho llegar en 1585.

El documento al que me refiero es conocido y ha sido trabajado tanto en el ámbito canónico como por la historiografía,31 al considerarlo un precedente en varios aspectos. Al exponer aquí las célebres treinta y siete preguntas de Mogrovejo, pretendo afirmar la idea de que, mediante el envío de estas dudas de carácter canónico, el arzobispo de Lima buscó afirmar las bases asentadas en el tercer concilio provincial sobre la autoridad y jurisdicción episcopal. Las respuestas de Roma le servirían luego para fortalecer su argumento y ampliar el rango de acción de los obispos de la provincia, y para contrarrestar los ataques de otros sectores de la Iglesia local.

El documento forma parte de la serie archivística Positiones Sessiones del archivo de la congregación del Concilio, cuyos volúmenes están organizados según los cánones de reforma del Concilio de Trento a los que aludían los casos. Al tener que examinar dudas, solicitudes y resolver problemas que pudiesen surgir de la interpretación de los decretos de reforma del ecuménico, durante sus primeras décadas de funcionamiento (hasta 1681), la congregación ordenó los casos en su archivo por sesión y canon de reforma sobre el que debía deliberar. De hecho, todas las comunicaciones que le fueron enviadas desde Lima después de celebrados los concilios provinciales que siguieron al tridentino32 se encuentran catalogadas en la sesión 24, capítulo 2, de la reforma que mandaba a que los concilios provinciales se celebrasen cada tres años.33

Escrito íntegramente por miembros de la congregación, en sus primeras líneas el documento explica que las preguntas expuestas habían sido contestadas en 1585, a petición del mismo arzobispo Mogrovejo, y a quien se habían remitido las contestaciones en 1586.34 Pero a causa de los problemas de la navegación y caminos, las cartas llegaron a él incompletas, y por esto él había solicitado una copia oficial del documento original.35 Es importante destacar que dichas resoluciones no solamente estaban dirigidas al arzobispo de Lima, sino también a los obispos sufragáneos de la provincia eclesiástica del Perú.36 Aunque el expediente no contiene datos de su fecha de elaboración, en la serie Libri Decretorum del archivo de la congregación —que incluye copias de todos los decretos emitidos por el dicasterio—, se comprueba que las respuestas, en forma de decretos, fueron dictadas nuevamente en 1592.37 La mayoría de las dudas de Mogrovejo son materia de gobierno metropolitano (cfr. Albani, 2009, p. 69), y están estrechamente relacionadas con los acontecimientos ocurridos durante y después de celebrarse el tercer concilio de Lima.

En primer término, el arzobispo consultaba a la congregación cuál era su posición en el concilio provincial. Específicamente, sobre cuál era el alcance jurídico del metropolitano en la asamblea —además de ser su presidente—, y cuáles eran los límites de su autoridad frente a los obispos sufragáneos y frente al mismo concilio como institución colegiada. Muy probablemente, Mogrovejo buscaba evitar que en el futuro sucediera lo que pasó en la primera etapa del concilio, donde se presentaron numerosas causas criminales contra algunos obispos para que fuesen resueltos por el concilio, adquiriendo este la función de tribunal eclesiástico. La disputa más célebre fue la que ocurrió en torno a Sebastián de Lartaún, obispo del Cusco. Durante las primeras sesiones, los vecinos del Cusco y parte del clero secular de la diócesis presentaron demandas contra el obispo y entregaron largos memoriales para ser discutidos en el concilio provincial. Incluso el cabildo secular del Cusco hacía parte de las acusaciones, siendo los delitos más graves que se le imputaban, los de homicidio y simonía. La disputa provocó la formación de dos bandos en el seno del concilio, uno a favor de Lartaún y el otro a favor de Mogrovejo. Al primero le apoyaban los obispos de La Plata, de Tucumán y posteriormente el de Quito, y también parte importante de la Audiencia de Lima. De parte del arzobispo se encontraba Antonio de San Miguel, obispo de La Imperial en Chile, y algunas autoridades reales. El conflicto adquirió tintes escandalosos cuando el arzobispo quiso enviar la causa a Roma para que fuese resuelta directamente por la Santa Sede, y el obispo de Tucumán se negó a entregar los papeles del caso, escondiendo para ello la llave del archivo. Además de que, en una oportunidad, los obispos disidentes intentaron reasumir las sesiones del concilio en ausencia del arzobispo. Para continuar con las reuniones, luego de numerosas recusaciones y excomuniones de por medio, la audiencia solicitó que se levantaran todas las censuras y las sesiones lograron retomarse en abril de 1583. Sebastián de Lartaún murió durante el concilio, en marzo de 1583.38

Esta situación explicaría algunas interrogantes presentadas por el arzobispo a Roma. De hecho, indagaba en sus misivas si era posible que el concilio provincial conociera en primera instancia los casos —civiles y criminales— de los obispos sufragáneos.39 En sus respuestas la congregación del concilio aclaraba que el concilio provincial sí podía conocer las causas de los sufragáneos en los casos que mandaba expresamente el Concilio de Trento, en las causas civiles y criminales que fueran de resolución rápida, y en los casos del metropolitano que estuvieran pendientes. Sin embargo, el sínodo provincial no podía adjudicarse causas que ya hubieran sido introducidas en primera instancia por los ordinarios.40 Sobre el concilio como instancia de apelación, preguntaba el arzobispo si podía serlo de causas pendientes de obispos —o sus vicarios— en caso de estar ausente el metropolitano,41 y si este último igualmente debía apelar al concilio, o si debía hacerlo directamente al papa.42 La congregación señaló que, efectivamente, el concilio provincial era una instancia de apelación válida para los obispos en caso de que el arzobispo estuviera ausente, y lo era también para el propio metropolitano, quien además tenía la opción de elevar su apelación a la Santa Sede.43 No obstante, no era posible que el concilio apelara al arzobispo o a sus oficiales generales. Tras estas aclaraciones propiamente jurídicas, Mogrovejo continuaba planteando posibles situaciones a los que él —como arzobispo— podía poner remedio, como por ejemplo si podía, por causas justas, disolver el concilio sin el consentimiento de los demás obispos sufragáneos,44 o si podía proceder con censuras contra ellos si intentaban usurpar su jurisdicción.45 Sin duda, estos escenarios descritos son reminiscencias del momento en que los obispos sufragáneos de la provincia que apoyaron a Sebastián de Lartaún en el conflicto intentaron dejar fuera al arzobispo de las sesiones del concilio, celebrando algunas reuniones en su ausencia y en clandestinidad, expropiando su jurisdicción como metropolitano. De esta manera, Mogrovejo tanteaba hasta qué punto podía limitar las acciones de los obispos sufragáneos durante la ejecución de la asamblea. Sin embargo, a ambas consultas la congregación respondió de forma negativa; es decir, el metropolitano no podía clausurar el concilio sin la aprobación de los obispos sufragáneos, ni tampoco aplicarles censuras durante el mismo.

Avanzando un poco más allá de la contingencia del tercer concilio limense, Mogrovejo indagaba sobre los roles de cada una de las instituciones eclesiásticas en discusión (concilio provincial-arzobispo-obispos sufragáneos) en el manejo de las causas judiciales presentadas, fueran estas graves o menores, criminales o civiles. Preguntaba a la congregación si el concilio provincial podía formar proceso contra un obispo que, durante este, fuese acusado con causas graves, para remitirlo luego al pontífice.46 Sobre ello la congregación respondía que podrían recogerse informaciones sumarias del caso de manera extrajudicial, y luego transmitírselas al papa. Por otra parte, sobre lo que el Concilio de Trento había establecido en la sesión 24, capítulo 5 de reforma, «las causas criminales menores de los obispos conózcanse, y termínense solo en el concilio provincial, ó por los que depute este mismo concilio»;47 el arzobispo inquiría si en el caso de nombrarse diputados para conocer estas causas, estos debían ser necesariamente obispos, a lo que la congregación respondió asertivamente, por la reverencia debida a los oficios pontificios. Esto funcionaría así a menos que el concilio propusiera otra cosa.48 En cuanto a las causas civiles de los obispos sufragáneos, consultaba Mogrovejo si el metropolitano podía conocerlas, y también si el concilio provincial podía conocer las causas menores del arzobispo, fueran estas civiles o penales. En el primer caso, la respuesta fue que solamente era posible en caso de que se actuara contra el obispo,49 y que el concilio no podía conocer las causas menores del metropolitano.

Como se ve, la congregación del concilio presentaba sus respuestas de manera escueta y directa, ceñidas estrictamente al derecho canónico y a la normativa tridentina, dando cuenta de un equilibrio entre las competencias de cada parte en consulta. Si bien la congregación dejaba claro al arzobispo los límites de su jurisdicción, no lo hacía en desmedro de las otras partes, que también podían interceder en asuntos de justicia. Tal vez Mogrovejo estaba adelantándose a las siguientes asambleas que convocaría, a los sucesivos concilios provinciales que congregaría en 1591 y 1601, y a los —nada menos— trece sínodos diocesanos, en los que luego de recibir la contestación de la Congregación del Concilio, actuaría con pleno conocimiento de sus funciones y límites.

El segundo arzobispo de Lima también inquirió sobre la jurisdicción episcopal en relación con las órdenes regulares. Con ello retomaba conflictos ya planteados en concilios anteriores, y de los que Jerónimo de Loaysa había dado cuenta a la Santa Sede años antes. Saltaban nuevamente a la palestra los beneficios que los pontífices habían conferido a las órdenes mendicantes durante las primeras décadas de evangelización; temas que además seguían generando controversias. Al igual que las preguntas sobre los alcances del concilio provincial como entidad institucional, Mogrovejo pretendía posicionar su jurisdicción por sobre las órdenes,50 sobre todo ante los religiosos que ejercían la cura de almas en parroquias o doctrinas que, según el Concilio de Trento, estaban sujetos a la jurisdicción del obispo. Refiriéndose a aquellos espacios que en la predicación estaban siendo compartidos por el clero secular y el regular, el arzobispo consultaba si los obispos podían visitar, corregir y castigar a los regulares que enseñaban la fe católica a los indios, basándose en el decreto del Concilio de Trento que establecía que los regulares que vivían fuera de los claustros podían ser corregidos y castigados por el ordinario.51 ¿Debían estos regulares declarar el vivir fuera del claustro para que el obispo pudiese corregirlos? ¿Podrían ser removidos por su superior sin el permiso del obispo? La congregación contestaba que el obispo sí podía castigarlos, y que los regulares encargados de realizar labor pastoral con los indios debían declarar vivir fuera del claustro. Su superior podía removerlos de ese cargo si le parecía necesario, pero esto debía ser comunicado al obispo. Continuaba en el mismo tenor al interrogar si los regulares nominados por los obispos para la evangelización de los indios debían ser examinados por quienes asignara el sínodo diocesano y el ordinario, o bastaba que lo hiciera únicamente el obispo. La congregación contestaba que, efectivamente, dichos regulares debían ser examinados por el ordinario.

No obstante, la pregunta veintitrés fue la que causó más polémica, ya que las contiendas sobre su contenido continuarían en el cuarto concilio provincial de Lima de 1592 (cfr. Rodríguez Valencia, 1956-1957, pp. 155-157). En ella el arzobispo consultaba si la bula de Pío V (pp. 1566-1572), que había sido otorgada para que los regulares administrasen los sacramentos a los indios sin previo examen del obispo, había sido revocada o no, al aplicarse una bula posterior que confirmaba estos privilegios en todo lo que no fuese contrario al Concilio de Trento. El arzobispo sustentaba esta duda en que dicho privilegio a todas luces contrariaba al concilio ecuménico.52 En esto —y he ahí la continuidad de la disputa— la congregación revocó la bula de Pío V, por lo que los regulares debían ser examinados como lo prescribía Trento. Como era de esperar, las órdenes protestaron sobre esta situación en Roma solicitando nuevos breves de excepción, y llevaron el asunto al siguiente concilio provincial de Lima (cfr. Rodríguez Valencia, 1956-1957, p. 157).

El caso de las órdenes femeninas, en cambio, no presentó mayores complicaciones, porque estas estaban más visiblemente sujetas al poder episcopal, tanto en la visita de los monasterios, la elección de abadesas y los requerimientos de las monjas. Aun así, Mogrovejo presentó a la congregación una situación particular sobre el que para entonces habría sido el único monasterio de monjas en Chile.53 El monasterio de Santa Isabel de Hungría de monjas clarisas había sido fundado en la ciudad fronteriza de Osorno en 1567, alrededor de 500 kilómetros al sur de Concepción y a 900 kilómetros de Santiago —entonces las principales ciudades de Chile—, e instituido canónicamente por el obispo de La Imperial, Antonio de San Miguel, en 1573. El arzobispo consultaba si era posible elegir priora del monasterio a una monja que no tuviese la edad y calidad requeridas por el Concilio de Trento,54 y que aún no contara con una licencia papal para ello.55 La congregación explicaba que, en este caso, debía requerirse al pontífice el conceder facultad al ordinario para nombrar a la persona que estuviese más cercana a cumplir los requisitos del ecuménico.56

El documento de Mogrovejo y las respuestas de la Congregación representan una viva muestra de cómo la normativa eclesiástica fue construyéndose a partir de situaciones y realidades locales, como ocurrió frecuentemente en la América española en el proceso de instauración de la Iglesia en esta parte del mundo. Como era común, la solución a una problemática concreta podía surgir tanto de una fuente canónica —textos canónicos, decretos tridentinos, bulas y breves papales, etc.— como de la modificación de la norma para ajustarla a contextos específicos. Por su parte, las resoluciones de la congregación del Concilio también conformaron normativas nuevas caracterizadas por su gran maleabilidad en la solución de problemáticas locales, las que a su vez podían servir de modelo para otros contextos eclesiásticos.57 De hecho, se ha considerado que las respuestas que la congregación dio a las dudas de Toribio de Mogrovejo, sentaron un precedente para los gobiernos diocesanos postridentinos en general (cfr. Rodríguez Valencia, 1956-1957,
pp. 157-158, nota 34).

Conclusiones

El Concilio de Trento, al ampliar la jurisdicción de los obispos, cambiaba el panorama de poder eclesiástico en América, donde como vimos, la acción de las órdenes regulares, al menos en un comienzo había predominado sobre la de la jerarquía diocesana y del clero secular. En la provincia eclesiástica del Perú, el cambio fue introducido por el segundo y tercer concilio limense. Por supuesto, el aumento de la autoridad de facto de obispos y prelados fue resentido por otras facciones de la Iglesia americana, las que intentaron aplacarlo con diversas medidas, incluso, mediante el envío de recursos a la Santa Sede.

En la segunda mitad del siglo, a partir de la incorporación de las nuevas normativas dirigidas a todos los cuerpos institucionales presentes en América, se fueron dilucidando la jurisdicción y las atribuciones de cada grupo o sector institucional. Los textos reguladores como los concilios y sínodos provinciales, las cédulas reales, los dictámenes de las audiencias y de los jueces locales, entre otros, brindaron el marco general de las diversas jurisdicciones y sus límites, aunque su margen de acción fue más flexible en la práctica.

El estudio de las comunicaciones enviadas desde el arzobispado de Lima a Roma, en la fase clave de organización de la Iglesia sudamericana, deja entrever que el gobierno metropolitano era más complejo que lo que podía establecer el Concilio de Trento. En innumerables ocasiones, el arzobispo y los obispos tuvieron que competir con otros grupos eclesiásticos —como el clero secular y los cabildos catedralicios— que habían adquirido importantes cuotas de poder en sus localidades58. Esto se hacía aún más plausible en los períodos de sede vacante, en que el deán y cabildo asumía el gobierno metropolitano o diocesano, en el caso de los obispados sufragáneos. Todo esto sin contar la constante presión ejercida por el Patronato regio, que en la práctica permitía a autoridades locales dirimir sobre cuestiones de administración eclesiástica.

En este escenario de intercambio entre América y Roma, Jerónimo de Loaysa primero, y Toribio de Mogrovejo después, buscaron fortalecer su autoridad e injerencia en el gobierno de la provincia mediante la celebración de concilios provinciales, los cuales tenían un sustento seguro en el concilio de Trento y en la Santa Sede. Las reuniones provinciales creaban un espacio ideal para establecer un diálogo con Roma, el cual fue aprovechado por los arzobispos de Lima para presentar peticiones y dudas dirigidas a resguardar la autoridad y jurisdicción episcopal que en ese momento se veían amenazadas, como demuestran las fuentes revisadas.59

Finalmente, las respuestas que los arzobispos recibieron de la congregación del Concilio les brindaron seguridad para tomar control sobre sus gobiernos metropolitanos y consolidar un estilo de organización diocesana que trascendió, y que le terminó dándole a Santo Toribio de Mogrovejo la denominación pontificia de Patrono del Episcopado Latinoamericano.

Archivos

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Agradecimientos

La investigación que hizo posible la realización de este artículo fue financiada por el proyecto de investigación «Governance of the Universal Church after the Council of Trent. Papal Administrative Concepts and Practices as exemplified by the Congregation of the Council between the Early Modern Period and the Present», llevado a cabo en el Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory de Frankfurt (Alemania). Brindo mis sinceros agradecimientos al Dr. Renzo Honores por invitarme a ser parte de este dossier, y al Dr. Andrea Cicerchia por su colaboración en la transcripción y traducción de los documentos romanos aquí citados. Agradezco también a los evaluadores pares ciegos quienes con sus pertinentes correcciones enriquecieron el contenido de este artículo.

Fecha de recepción: 9 de febrero de 2021.

Fecha de evaluación: 22 de marzo de 2021.

Fecha de aceptación: 21 de mayo de 2021.

Fecha de publicación: 30 de junio de 2021.

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